JUSTICIA

Prisión preventiva a dueño de negocio que operaba ilegal máquina tragamonedas

Deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

Autor: Telenoticias

18 Nov 2019

Prisión preventiva a dueño de negocio que operaba ilegal máquina tragamonedas


Fuente externa

El Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís dictó un mes de prisión preventiva, como medida de coerción a Eduard Samuel Samuel, propietario de un establecimiento comercial llamado, Cyber Center Samuel, que fue clausurado por operar una máquina tragamonedas sin la debida autorización, permitiendo el acceso al juego a niños y niñas de la comunidad. 

Samuel, deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, fue sometido a la justicia por la presunta violación de la Ley No. 29-06 que regula las máquinas tragamonedas y prohíbe la instalación clandestina de esos aparatos que provocan pérdida de dinero, así como vicios considerables a hombre, mujeres y niños.

En la instancia con la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público indicó que el referido establecimiento comercial no reúne las condiciones para la operación de las máquinas tragamonedas, ya que la referida ley autoriza la expedición de licencias para instalar esos aparatos solo en casinos o bancas de apuestas deportivas.

La incautación de la máquina se efectuó el pasado 30 de octubre de 2019, a las 12:30 de la tarde, por la procuradora fiscal titular de San Pedro de Macorís, Antonia Idalia Jiménez Estévez, acompañada del director técnico, Claudio Cordero, así como de miembros de la Policía Nacional.

La fiscal titular dijo que al entrar en el referido establecimiento, ubicado en la calle El Coral del sector Villa Faro 2, en San Pedro de Macorís, encontraron niños y niñas jugando, “lo que determina ciertamente la violación a varias normas establecidas en la República Dominicana”.

Destacó que la ley castiga al responsable de poseer máquinas tragamonedas con multas de 100 mil a 500 mil pesos, y de seis meses a dos años de prisión, confirmando que el Juzgado de Paz es el tribunal competente para estos casos.